REGULARIZAR O LEGALIZAR:UNA OPINIÓN

A veces firmamos con toda nuestra buena intención por la premura de rescatar las injusticias evidentes, pero quizá también y sin querer, esa prisa acabe por diluir las posibilidades de emancipación que nuestro mismo gesto bienintencionado deseaba reivindicar.

Esto me sucede con la demanda de regularización urgente de las personas migrantes.

¿De qué estamos hablando cuando decimos regularizar? 

¿Se trata de regularizar un estatus de desigualdad cuando lo queremos es igualdad de trato y oportunidades? 

Lo digo porque me parece un tanto escaso que la demanda en la condición de relación con las personas inmigrantes sea la de regularización y no la de igualdad legal para todas las personas. 

¿Desde qué momento para ser ciudadanía el criterio válido ha sido la regularización y no la legalización? 

Aquí, en este punto, es donde me parece contradictorio que las ONG que defienden el hecho migratorio adopten la laxitud y la terminología del estado gubernamental, cuando de defender la dignidad de las personas se trata. Y me explico. Siento que la regularización no deja de ser una legalización de la ciudadanía con reservas. Las mismas reservas que se precisan para que unos sean dueños y otros sirvientes. Es por ello que demandar regularización con urgencia me parezca en parte una exigencia de prontitud en el proceso de absorción de las personas inmigrantes por parte de un sistema perverso, y en función del requerimiento ajustado a una economía vampira y discriminatoria como la que tenemos. Constituir una clase subalterna bajo el amparo legal: explotable, segregable y violable. Esclava. 

Dejemos entonces el cinismo a un lado: un NIE nunca será un DNI. 

Creo que la regularización, lejos de evitar las actitudes supremacistas, racistas y xenófobas, lo que hace es encubrir moderadamente con el manto legalista del estrato social, extranjero/a residente, dichas actitudes. Lo cual es un sutil proceso de disimulo. En apariencia, regulares, en realidad, los "otros" y las "otras", nunca las iguales. Pura continuidad colonial, de la que nos hacemos adeptos al unirnos al séquito de la mendicidad por rogar, o apadrinar, el hecho de ser ciudadana o ciudadano de segunda. 

Pienso que lo único que puede frenar el juego perverso del modelo de poder que nos ofrece el sistema no es tanto la regularización, sino el proceso automático de otorgar por solicitud la ciudadanía legal por residencia y arraigo ya sea temporal o indeterminado en nuestro país, un DNI con todas las de la ley, que considere los aspectos diversos, y excepcionales, y por supuesto reconozca la nacionalidad de origen. Pero DNI al fin y al cabo. De hecho, no quiero una nacionalidad con privilegios, que es lo que parece defenderse y a lo que nos aferramos con una extrema ignorancia, cuando postulamos una tarjeta identitaria basada en derechos otorgados por terceros, matrimonio por ejemplo, o por actividades condicionadas, y nunca por referencia propia a la persona en su valor, donde sea que esté. 

Por eso, una legalidad que proteja los derechos de todas las personas no puede quedarse en las medias tintas, interesadas a mi modo de ver, de una regularización que hace de las personas objetos a medida de abuso al servicio de la desigualdad del modelo. Hacer eso es usurpar la dignidad, tomar la condición de persona en calidad de rehenazgo, y seguir mirando a las personas forzadas a migrar desde un escalón más alto; pero eso sí, sin soltar el látigo del capataz, que esta vez queda amortiguado bajo el nombre políticamente correcto de regularización.

(La promesa de la libertad siempre ha sido el sustento de la esclavitud asumida, pero la libertad no es una promesa). 

JARA